el desplazamiento interno de personas ha tenido en Colombia causas
económicas, sociales y políticas. La disputa por el control de la tierra, la
búsqueda de mejores condiciones de vida y las persecuciones por motivos
ideológicos o políticos han sido factores de los desplazamientos internos de
población. Estos en su mayor parte son de tipo rural y se pueden clasificar en
individual o familiar, en el que se desplaza un individuo o una familia entera
y el éxodo masivo, cuando se desplazan poblaciones enteras por amenazas de
genocidio o por enfrentamiento en sus cercanías de la guerrilla, de los
paramilitares y de las fuerzas militares del estado colombiano.
La causa que ha generado mayor número de migraciones internas en
Colombia ha sido la violencia ejercida por grupos armados contra sectores de la
población, movidos por el interés de adquisición masiva de tierras, o de
controlar regiones o territorios del país; también por no compartir las
posiciones políticas de las poblaciones obligadas a desplazarse, o simplemente
porque la población que habita en regiones que son escenario del conflicto
armado es considerada por uno de los bandos enfrentados como su enemiga.
El desplazamiento interno forzado de personas, ocasionado por la
violencia armada, social o política, ha tenido momentos en los cuales se ha
tornado más crítico. Uno de ellos fue el período conocido como el de la violencia,
que se originó con la muerte en plaza pública del caudillo liberal Jorge Eliecer
Gaitán el 19 de abril de 1948. Ello originó el enfrentamiento armado entre los
dos partidos políticos más tradicionales en Colombia, el liberalismo y el
conservatismo, llevándose a cabo una lucha fratricida por el control político,
económico y social del país.
Esta disputa terminó arreglándose de una manera salomónica para los
enfrentados. La solución fue la creación del frente nacional como un acuerdo
político cuya finalidad era terminar con la violencia; estaba compuesto por
personalidades de los dos partidos políticos y resolvieron alternarse el poder
político cada cuatro años como solución a la disputa.
Este conflicto se extendió entre los años 1946 a 1960 y que por su
magnitud determinó en gran medida el cambio en la relación población
rural-población urbana. Colombia pasó a convertirse en un país de municipios y
ciudades, las cifras hablan por sí solas: En 1938 solamente el 30.9 por ciento
de la población colombiana residía en las áreas urbanas, cifra que ascendió al
39.6 por ciento en 1951, al 52.1 por ciento en 1964 luego al 63.1 por ciento en
1973, posteriormente al 67.2 por ciento en 1985 y al 72.3 por ciento en 1994.
Para el año dos mil se estima que la proporción de población urbana en Colombia
será del 78.9 por ciento, con todas las consecuencias que se derivan de una
ocupación desordenada y masiva de las ciudades, en cuanto a la prestación de
servicios públicos y satisfacción de necesidades básicas.
La solución del acuerdo político del frente nacional de los años
cincuenta, no acogió bajo su seno a todos los enfrentados y así ocurrió con un
grupo de liberales con tendencias izquierdistas. Con las condiciones
excepcionalmente favorables para la consolidación de proyectos insurgentes en
los inicios de los años sesenta, este grupo dio origen al primer grupo
guerrillero colombiano, conocido actualmente como la FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia), posteriormente surgieron otros grupos como el ELN
(Ejército de Liberación Nacional), M-19 (Movimiento del 19 de abril), EPL (Ejército
Popular de Liberación) y muchos otros más.
Colombia constituye en América Latina una de las pocas naciones en las
cuales sobrevivió el proyecto insurgente postrevolución cubana más allá de los
años sesenta, y en todo caso, el único país que sigue hoy en esta situación.
Tal como ha sido subrayado por Mark Chernick, en el país se desarrolló una
insurgencia permanente, que entró a formar parte del paisaje político en forma
crónica. Debido a múltiples
rasgos de la sociedad y el estado colombiano, el proyecto insurgente pudo
consolidarse pero, a su vez, no pudo transformarse en un factor de poder
alternativo como ocurrió en Cuba y Nicaragua.
En los años ochenta, continúa presentándose dentro de este panorama, con
gran intensidad el desplazamiento individual, no se niega su existencia, pero
tampoco se le da la importancia adecuada, hasta la aparición de nuevos actores
principales. Estos son: el paramilitarismo y la influencia económica del narcotráfico
como un agente dinamizador del conflicto, en el sentido de que los
narcotraficantes pagan protección a los grupos insurgentes o se protegen con
sus propios ejércitos privados, lo que permite modernizar el arsenal militar de
los bandos en conflicto, mejorando su capacidad para destruir.
En la década de los noventa el conflicto armado crece a niveles que originan
desplazamientos masivos hacia las cabeceras municipales, provocando gran
presión sobre las autoridades municipales y estas a su vez sobre las
autoridades departamentales y nacionales. El desplazamiento ha afectado a
regiones enteras del país, especialmente los departamentos de Antioquía,
Bolívar, Córdoba, Cesar y Caquetá, donde la población huye hacia las capitales
departamentales como medida desesperada para salvar sus vidas. Las ciudades
intermedias de esta manera conocen un aumento significativo de su número de
habitantes (Cuadro nº 1).
Cuadro nº 1
Población de las zonas de mayor incidencia del desplazamiento forzado,
por la violencia armada en los últimos nueve años
Población de las zonas de mayor incidencia del desplazamiento forzado,
por la violencia armada en los últimos nueve años
Censo de 1985
|
Censo de 1994
|
|||
Departamento
|
Población total
|
Población capital
|
Población total
|
Población total
|
Antioquía
|
3.888.069
|
1.418.555
|
4.799.609
|
1.698.777
|
Bolívar
|
1.197.623
|
491.368
|
1.406.545
|
661.830
|
Córdoba
|
913.686
|
187.466
|
1.131.785
|
266.840
|
Cesar
|
584.631
|
142.771
|
757.096
|
247.942
|
Caquetá
|
214.473
|
66.430
|
298.760
|
101.274
|
Fuente: Departamento administrativo nacional de estadística DANE
1997.
La opinión publica colombiana ha ido adquiriendo cada vez, más
conciencia de la magnitud del problema social y político que se manifiesta con
la migración forzada de la población. En el éxodo forzado se encuentra un drama
humano de incalculables magnitudes y consecuencias. Abandonar forzadamente su
ambiente, su historia y su tierra, constituye para las personas desplazadas
emprender un viaje a la incertidumbre, en el que no se sabe cuándo se vuelve si
es que se vuelve.
Durante los últimos años hemos asistido a verdaderos casos de
innumerables desplazamientos masivos en todo el país; en el período de 1985 a
1994 hubo un total de 650.000 desplazados. En los años recientes las cifras
anuales han ido creciendo: 89.000 en 1995, 181.000 al año siguiente y 257.000
en 1997. La década de los noventa y en especial los años 1996 y 1997 es el
período de mayor auge del problema.
En 1997 y los primeros meses de 1998 fueron excepcionalmente graves y
difíciles para la población que vive en las zonas de conflicto armado.
Especialmente, porque los actores del conflicto armado, particularmente los
paramilitares y los grupos guerrilleros, han hecho de la población civil un
objetivo militar; ante los homicidios en masa, desapariciones forzadas y las
amenazas de muerte de cientos de pobladores han tenido que salir, masiva,
familiar o individualmente de sus lugares de residencia y trabajo hacia los
cascos urbanos de los municipios más cercanos y las zonas suburbanas de las
grandes capitales. Como los casos de las 1.136 familias de Rio sucio Chocó que
se trasladaron al municipio de Pavarandó, municipio de Mutatá Antioquía, por
amenaza directa de los grupos paramilitares que operan en la región; en el
Carmen de Bolivar por la misma razón se desplazaron 369 familias hacia las
inmediaciones de Cartagena de Indias y muchos casos más que demuestran la
gravedad del problema del desplazamiento masivo.
Para ser entendido en su complejidad el fenómeno de los desplazados debe
ser analizado con un enfoque multidimensional, superando las miradas que lo
reducen a un problema generado en el enfrentamiento entre las fuerzas
gubernamentales, paramilitares y guerrilleras. Si bien éstos son actores
protagonistas del proceso, los orígenes y las causas del mismo trascienden lo
militar y se ubican en los campos del conflicto social, económico y político,
que explican el fenómeno en sus causas, no sólo en sus consecuencias. Hago la
aclaración de antemano que esta problemática no debe exclusivamente estudiarse
desde las estadísticas del número de desplazados, como se presenta en los
informes estatales y de las organizaciones no gubernamentales; más bien debe
vincularse históricamente a la configuración social y a toda la problemática
existente en los territorios y en la lucha por su control, por parte de los
guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y las fuerzas militares del
estado colombiano. Estas dinámicas explican las razones económicas, sociales y
políticas, que tienen los diferentes actores del conflicto, en las distintas
disputas regionales que existen por el control territorial en el país.
En este proceso y en las miradas que reducen el territorio, a una fuente
de poder, se encuentra la lógica de "desocupar y repoblar zonas" con
población participe de los proyectos socio-políticos y económicos del estado,
paramilitares, narcotraficantes y guerrilla.
Los desplazados por la violencia en 1997: una historia de éxodos, miedo
y pobreza
Un promedio de seis hogares fueron desplazados cada hora, durante 1997
en desarrollo de una estrategia político-militar que en algunos casos está
ligada a fuertes intereses económicos y que se sustenta en el terror y la
violencia indiscriminada contra de la población civil ajena a la confrontación
armada. Esta consiste en realizar previamente una inteligencia de tipo militar,
en la que se investigan personas y comunidades involucradas de cualquier forma
con las fuerzas insurgentes, se elabora una lista preliminar de los elementos
más peligrosos y luego con la lista en mano, se dirigen a las poblaciones en
las que habitan y se eliminan en plaza pública con el pleno conocimiento de
todos los habitantes. Esta forma de homicidio selectivo la comenzaron aplicar los
paramilitares en Colombia a partir de los años ochenta en la región de Urabá. .
Son, más o menos, 159 familias que diariamente emigraron, en contra de
su voluntad, durante 1997, lo que constituye un dramático crecimiento de las
cifras de desplazados en medio de la crítica situación de la falta de respeto a
los derechos humanos y humanitarios en Colombia.
En total 257 mil personas huyeron aterrorizadas en 1997, como medida
desesperada para salvar sus vidas; todo esto ante la mirada, incapaz de
gobernantes y el Estado, incapaces de garantizar sus derechos fundamentales y
la consecuente agudización y expansión del conflicto armado interno.
Tal es el panorama del desplazamiento forzado, que el año 1997 se ubica
como el más crítico de los últimos catorce años en Colombia, Todo esto se puede
apreciar al hacer un simple análisis del informe presentado por la consultoría
para los derechos humanos y el desplazamiento CODHES, con el concurso de
diversas jurisdicciones eclesiásticas del país, comunidades religiosas,
entidades públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales y asociaciones
de desplazados. Estas estadísticas, son sin duda, alguna los primeros datos que
se aproximan a la magnitud del problema.
Analizándolos cuidadosamente se encuentra que la principal
característica del desplazamiento forzado durante 1997 fue la irrupción de
éxodos en masa que responden a las acciones de tierra arrasada de los actores
armados, en especial de grupos paramilitares, que siguieron su estrategia de
matar guerrilleros fuera de combate que son guerrilleros vestidos de civil. En áreas de claro
dominio territorial de los grupos insurgentes, estos últimos han copiado esta práctica
sangrienta en zonas de influencia de los grupos paramilitares, como
contraprestación a los duros golpes que venían recibiendo. Todo esto frente a
la mirada incompetente del gobierno y las fuerzas militares de Colombia.
Los éxodos en masa representaron el 28 por ciento del total de los
desplazados, en Colombia durante 1997. Es decir, alrededor de 71.960
colombianos que huyeron masivamente, dejando caseríos, veredas y pueblos
abandonados, porque así lo decidieron los actores armados que se disputan
territorios; en una política de sangre y fuego en la que también tienen
incidencia los grupos guerrilleros y las fuerzas de seguridad del Estado.
En este panorama se produjo el refugio de hecho de un número
considerable de colombianos, provenientes de Urabá chocoano al vecino país de
Panamá, en otra manifestación de la agudización de un conflicto que empieza a
desbordar las fronteras nacionales.
Sin embargo, la gran mayoría de los desplazados por la pugna armada y la
violencia siguen siendo aquellos que huyen en forma individual o familiar, en
un proceso de desarraigo disperso y silencioso, que se asienta en las ciudades
medianas y grandes. En precarias condiciones sociales, económicas y en medio de
la desprotección y el abandono del Estado y de una sociedad insensible como la
colombiana.
Son hombres y mujeres provenientes del campo o de pequeñas poblaciones
rurales, que huyen de las amenazas de los paramilitares, la guerrilla o las
fuerzas de seguridad del Estado, o del mismo miedo que les producen sus
acciones de muerte y destrucción.
También persiste el desplazamiento, individual o familiar, de quienes
huyen por acción violenta de grupos privados de seguridad en el marco del
conflicto agrario. Entre las asociaciones o cooperativas de seguridad,
reconocidas legalmente por el Estado colombiano, como las CONVIVIR al servicio
de los ganaderos y agricultores de gran capital del departamento de Antioquía y
de otras expresiones de violencia rural y urbana, individual y colectiva que
hacen parte de la preocupante generalización y cotidianidad de la violencia en
el país.
Esta modalidad de desplazamiento individual y familiar, también se
explica ante las manifestaciones de intolerancia, discriminación y persecución
contra los desplazados, por parte de algunas autoridades territoriales a
quienes la Corte Constitucional les ordenó abstenerse de restringir la libre circulación
de las personas desplazadas por la violencia y prestarles un trato decoroso,
acorde a la dignidad humana. También hay sectores de opinión que insisten en
relacionar, los índices de inseguridad y delincuencia de algunas ciudades, con
el incremento del desplazamiento forzado.
Son acciones y opiniones que intentan justificar un tratamiento de orden
público y de seguridad Estatal a un problema esencialmente humanitario, que
requiere de un esfuerzo mancomunado de toda la sociedad, especialmente en los
niveles de atención y protección.
Cuando mujeres, niños y ancianos se ven precisados a dejar sus hogares y
recorrer distancias desafiando, toda clase de peligros, viendo sufrir y aún morir
a sus compañeros, como le ha ocurrido a los colonos de la hacienda de Bellacruz
en la región de Magdalena medio, que huyeron despavoridos frente a amenazas de
muerte de grupos paramilitares, ello ha podido ser considerado por el gobierno
como un problema de orden público propiciado por quienes desean seguir
viviendo, pero en realidad es un problema de humanidad que debe ser afrontado
solidariamente por todas las personas, pero en especial como les corresponde,
por los funcionarios del Estado colombiano.
Las políticas estatales en contra del desplazamiento forzado.
La evidencia del desplazamiento forzado, la presión internacional y la
decisión política del gobierno y el congreso, que permitió un reconocimiento
del problema y de la responsabilidad estatal, confluyeron en un esfuerzo para
generar unas políticas públicas, para hacer frente al problema de los derechos
humanos, cuya persistencia empieza a provocar múltiples problemas sociales, en
algunas ciudades y poblaciones que ven crecer dramáticamente su número de
habitantes, en algunos casos por el asentamiento de familias desplazadas.
Justamente durante 1997 se aprobó una ley de origen parlamentario, por
la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado,
atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los
desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.
Esta reconoce desde el Estado el problema socio-demográfico y de
derechos humanos del desplazamiento forzado por la violencia de grupos al
margen de la ley e intenta una normativa e institucionalidad, para hacer frente
a esta problemática.
Esta ley representa también la continuidad de las políticas, consignadas
en el documento del Consejo de Política Económica y Social (CONPES), de septiembre de 1995.
La ley no se ha reglamentado y su desarrollo aún no es claro, sobre todo
si se tiene en cuenta que existen diversos y complejos niveles institucionales
de atención a los desplazados por la violencia, algunos no exentos de
protagonismos innecesarios por parte de funcionarios estatales.
El despacho de la primera dama (que no existe institucionalmente), la
consejería presidencial para los desplazados, la unidad administrativa de
derechos humanos del Ministerio del Interior y su oficina de atención a
desplazados, la red de solidaridad y algunas instituciones nacionales
descentralizadas intentan desde dinámicas y concepciones distintas, desarrollar
un plan cuya principal característica es la ausencia de concertación y la
imposición de criterios de tipo gubernamental frente a otras opiniones.
Si bien existe una política diseñada para el desplazamiento, también lo
es que su ejecución es descoordinada y sus resultados altamente precarios,
frente a los graves sucesos de desplazamiento registrados en 1997.
Como lo señalaron en su carta al presidente de la República, en ese
entonces Ernesto Samper Pizano, los voceros del mandato por la paz: el gobierno
nacional debe ejecutar de manera coherente y eficaz las políticas de atención a
los desplazados por la violencia en Colombia.
Y un aspecto final a este apretado resumen, tiene relación con la
propuesta gubernamental de retorno y reubicación de los desplazados (el
gobierno no considera la permanencia como una opción de los desplazados), que
se convirtió en el eje central de la atención humanitaria y, en algunos casos
en la condición para la ayuda humanitaria.
Los procesos de retorno y reasentamiento en la costa atlántica y más
reciente en Urabá se realizan en el marco de esta política, pero se sostienen
por la intervención de la iglesia católica y de organizaciones no
gubernamentales, ante el incumplimiento del gobierno de los acuerdos firmados
con las comunidades desplazadas.
Persisten en todo caso, dudas sobre las reales condiciones de seguridad
que el gobierno no está en capacidad de garantizar y se requieren de esfuerzos
por lograr acuerdos humanitarios entre los actores armados, en tanto que los
retornos y reasentamientos se adelantan en medio de la lucha armada.
¿Qué nos espera?
Es este un ambiente que advierte sobre la gravedad de la crisis, del
desplazamiento forzado que puede tener connotaciones de pesimismo si tenemos en
cuenta que la dinámica del conflicto prevé más enfrentamiento, más degradación,
más violaciones a los derechos humanos, más infracciones al derecho humanitario
y la continuidad de la estrategia del miedo y el terror para repoblar veredas y
caseríos o sencillamente para desocuparlos y dar paso a importantes proyectos
económicos. Es decir, más guerra, más desplazados en un círculo vicioso que
afecta a los más pobres, a los más vulnerables, a la población civil ajena a un
conflicto que no le pertenece, que no le beneficia y que tiende a prolongarse,
ante la ausencia de voluntad real de paz por parte de sus protagonistas.
Mientras la guerrilla, sigue incrementando los actos bélicos y
cuestionando, la legitimidad del Estado, mientras el gobierno se da por servido
por el solo hecho de haber iniciado unos diálogos de paz, que no se sabe a dónde
conducen, mientras los militares siguen siendo objeto de duros reveses y
cometiendo graves errores, que cuestan vidas humanas y mientras los
paramilitares siguen su ofensiva contra quienes consideran guerrilleros o
potenciales guerrilleros, la guerra interna seguirá su curso en niveles cada
vez más críticos.
La paz como escenario de prevención del desplazamiento exige hoy del
verdadero concurso de la sociedad civil, la comunidad internacional, la
voluntad política de los grupos armados, especialmente las FARC y ELN que son
los grupos insurgentes más fuertes y de un gobierno que verdaderamente, tenga
la voluntad de negociar la nueva sociedad que queremos, y no se pare de la mesa
de negociaciones frente a la primera divergencia, con el opositor político y
militar.
Notas
1. Esta clasificación fue elaborada por
el equipo de trabajo de la oficina del área de atención a víctimas de la
violencia, de la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la República de
Colombia y aparece por primera vez en el documento: Consideraciones sobre el
desplazamiento forzado elaborado en julio 13 de 1998.
2. Sobre las causas de la violencia
armada en Colombia se han realizado muchos trabajos entre los que destacamos el
análisis multidimensional sobre las causas y manifestaciones de la violencia en
todas sus manifestaciones económicas, políticas y sociales véase en: Álvaro
Camacho y Álvaro Guzmán. Ciudad y violencia. Bogotá: Ediciones El
Foro Nacional, 1990. 305 p. También sobresale por su importancia de estudio
pionero en las llamadas violencias específicas el trabajo de: Pécaut
Daniel. Orden y violencia en Colombia. Bogotá: Cerec, 1987. 408 p.
Y por último el trabajo de: Gonzalo Sánchez. Los estudios sobre la
violencia: Balance y perspectivas, Bogotá: Cerec, 1986. 194 p.
3. Al respecto pueden verse las cifras
en los censos de población nacional, realizados por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), desde 1938.
4. Véase Marck Chernick. Negociated
settlement to armed conflict: lessons from the Colombian peace process.
Journal of Interamerican Studies and World Affairs, 1989, vol. 30, nº
4, p. 27-45.
5. Todas estas cifras fueron
consultadas en los informes de la Conferencia Episcopal Latinoamericana
(CODHES), y la oficina de atención a víctimas de la violencia de la Red de
Solidaridad Social de la Presidencia de la República de Colombia, 1997.
6. Véase al respecto el documento
elaborado por la Consejería Presidencial para la atención a la población
desplazada por la violencia, titulado: La atención del desplazamiento forzado
un compromiso humanitario nacional, Santafé de Bogotá D.C, julio 13 de 1998. En
el que se hace un recuento de los desplazamientos masivos en 1997 y parte de
1998.
7. Estos datos han sido proporcionados
por la oficina de atención a víctimas de la violencia de la Red de Solidaridad
Social de la Presidencia de la República de Colombia y aparecen registrados en
todos sus informen internos que no son de pleno conocimiento público.
8. Véase el artículo escrito por Jorge
Rojas y otros. Desplazados por la violencia en Colombia en 1997, Codhes
Informa, enero de 1998, p.16-25.
9. Esta frase la pronunció textualmente
Carlos Castaño Gil, máximo jefe de las autodefensas unidas de Colombia
(paramilitares) en: Esta guerra no da más. Cambio 16 Colombia, diciembre
de 1997, nº 235, p. 24-32.
10. Estos datos se encuentran
registrados en los diferentes informes de la oficina de atención a víctimas de
la violencia, de la red de Solidaridad de la Presidencia de la República de
Colombia en 1997 y 1998.
12. Véase la sentencia de la Corte
Constitucional de Colombia T-227/97, publicada en: Codhes Informa,
noviembre de 1997, boletín especial nº 6, p. 14-18.
15. Véase el documento del CONPES,
septiembre de 1995, nº 2804, p. 27. Y sus correspondientes actualizaciones en
el documento de mayo de 1997, nº 2942, p. 37.
16. Véase carta del mandato por la paz,
dirigida en ese entonces Presidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano
en: Revista Semana, noviembre de 1998, p. 17-25.
Desde 1997 al 1 de diciembre de 2013 han sido registradas oficialmente
5.185.406 personas desplazadas internas con un impacto desproporcionado en la
población afrocolombiana y las comunidades indígenas. De estas
declaraciones, 99.150 personas han sido víctimas de desplazamiento en 2012.
Entre el año 2007 y el 2013 ha aumentado la concentración de la tasa de
expulsión en el país. Mientras que en el 2007 el 25% de las tasas de
expulsión se concentraba en 17 municipios, en el 2013 sólo 10 municipios
(Buenaventura, Medellín, Tierralta, Suárez, Ricaurte, Riosucio, López de Micay
y Puerto Asís) concentraron el 50%. Los 3 departamentos con la
concentración más alta de eventos de desplazamientos masivos (más de 50
personas) durante el 2013 son Nariño, Antioquia y Chocó (Costa Pacífica). Sólo
entre enero y noviembre de 2013, el ACNUR registró un total de noventa eventos
de desplazamiento masivo, afectando a cerca de 6.881 familias. La mayoría
de los desplazados internos, son desplazados de zonas rurales a centros
urbanos, aunque los desplazamientos intra-urbanos también están en aumento ya
que el 51% los desplazados internos residen en las 25 ciudades principales de
Colombia.
Abordando el desplazamiento:
El gobierno colombiano está abordando la problemática del desplazamiento
a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011, además de la
asignación de recursos financieros. La implementación de la Ley de Víctimas crea
retos de protección para las nuevas instituciones gubernamentales que, con el
apoyo de la comunidad internacional, están promoviendo acciones para garantizar
una adecuada y oportuna atención a las víctimas, su registro, y la seguridad
para comunidades y líderes que reclaman la devolución de sus tierras. Un avance
significativo fue hecho en mayo de 2013 cuando la Corte Constitucional
reglamentó que las víctimas de los grupos post-desmovilización deberían ser
beneficiadas desde los estándares de cuidado, atención y reparación establecido
en la Ley 1448 de 2011, ampliando el concepto de víctima contemplado en el
artículo 3 de esta Ley, indicando el daño ocurrido durante el conflicto armado
interno. Al 30 de abril de 2013 la Unidad de Restitución de Tierras recibió un
total de 36.908 solicitudes de admisión para el registro de las tierras
despojadas y abandonadas a la fuerza, equivalente a un total de 2.581.553
hectáreas.
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